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Analiza la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños sufridos por mujeres y menores cuando la protección policial frente a la violencia de género resulta insuficiente por el uso de VioGén. Examina el funcionamiento del sistema, sus protocolos de valoración del riesgo, sus limitaciones y sus posibles errores. Estudia las obligaciones positivas de protección policial derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Convenio de Estambul, así como el estándar de diligencia debida. Aborda los requisitos de la responsabilidad patrimonial, las teorías de la causalidad y la pérdida de oportunidad. Finalmente, identifica los supuestos en que los errores de la herramienta, la recogida de datos o la ejecución de las medidas pueden generar responsabilidad administrativa.