Edición revisada y actualizada conforme a las siguientes novedades jurisprudenciales:
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 11 de junio de 2026, en un caso
de internamiento forzoso de una embarazada para dar a luz a su hijo, acoge favorablemente el
razonamiento del Tribunal Constitucional español (STC de 2 de junio de 2022), considerando
que, pese a la ausencia de una previsión legal específica de internamiento obligatorio para el
parto, el artículo 29 CC, entre otros preceptos, ofrece cobertura suficiente para justificar este
internamiento.
La STS 3.ª 690/2026, de 3 de junio (del Pleno) ha reconocido legitimación para recurrir la concesión
de la eutanasia, no solo al Ministerio Fiscal, sino también a personas que muestren un
vínculo familiar y una proximidad afectiva estrecha entre el recurrente y el solicitante de la
prestación, en cuanto que ostentan un interés legítimo propio especialmente cualificado.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado reiteradamente que las autoridades nacionales
deben reconocer el cambio registral de género efectuado en otro Estado miembro de la
Unión Europea, pues lo contrario sería opuesto a la libre circulación de los ciudadanos europeos
reconocido en el Derecho de la Unión. Así, las SSTJUE de 4 de octubre de 2024 (Mirin, as. C-4/23)
y 12 de marzo de 2026 (Shipov, as. C-43/24)
También el Tribunal de Justicia de la Unión, en STJUE, de 4 de junio de 2026 (asunto C-560/24),
priva de la nacionalidad, por adquisición fraudulenta, a un nacional de un tercer país que reside
en Irlanda como estudiante y que contrae matrimonio, considerado de conveniencia, con una
ciudadana de la Unión Europea.
La STS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 393/2026, de 23 de marzo, ha concretado que
los animales no gozan de derechos fundamentales, y en particular el derecho a la integridad
física y moral.
Por último, se refleja la STS 244/2026, de 17 de febrero, según la cual no será admisible que el apoderado
aproveche un poder general para autodonarse un conjunto de bienes sin consentimiento
expreso ni ratificación posterior del poderdante.